Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el Sistema de Recupero de Gastos de Prestaciones de Salud

La Cámara de Diputados dio el primer paso para la creación del sistema autogestivo impulsado por el Gobierno provincial: fue aprobado el proyecto de ley que establece el Sistema de Recupero de Gastos de Prestaciones de Salud.

De esa manera se genera el marco para el cobro a las obras sociales, mutuales, prepagas, entidades similares, compañías de seguro, aseguradoras de riesgos de trabajo, entre otras, por la utilización del sistema público de salud.

Los fondos tendrán tres destinos específicos. Un 40% del total, estará dirigido al personal de salud, en base a criterios de eficiencia y productividad establecidos por el Ministerio de Salud; un 30% para gastos de funcionamiento, mantenimiento de hospitales, formación y capacitación de personal; y un 30% para el desarrollo de acciones de salud en áreas prioritarias y/o prestaciones de alta costo y baja incidencia, enfermedades oncológicas y catastróficas.

En su momento, cuando anticipó el envió del proyecto, el gobernador Claudio Poggi puntualizó que la norma proyectada “significa que el hospital público va a seguir atendiendo a todo el mundo”.

“Ahora si uno viene con una prepaga como OSDE u obras sociales como Osecac, o Dospu también hay que entenderlo, pero el Estado le va a cobrar después a esa prepaga u obra social”, resumió.

El debate llegó al recinto con un dictamen de mayoría de tres comisiones diferentes: Asuntos Constitucionales y de Finanzas, Obras Públicas y Economía, y de Salud, Seguridad social, Derechos Humanos y Familia.

La iniciativa tuvo el voto de los bloques oficialistas y de los aliados, mientras que el albertismo se mostró crítico y se posicionó en la vereda de enfrente.

La diputada de Cambia San Luis-UCR, Verónica Causi sostuvo que “este recupero es imprescindible y urgente para el sistema de salud provincial para fortalecer asistir y mejorar el servicio para todos los ciudadanos”.

Con esta herramienta, se pretende reordenar el sistema.

También se plantea una facturación reglamentada bajo un régimen de administración especial, un plazo para el pago de 30 días corridos de las prestaciones y se establece una herramienta jurídica para que el Estado pueda cobrar.

Durante este plazo, el sujeto obligado al pago podrá requerir una auditoría o realizar una observación de la prestación.

“Esta nueva legislación fortalece el sistema de salud en todas sus partes. Enaltece el personal que brida el servicio, mejora las prestaciones y brinda una atención de calidad, teniendo en cuenta que el recupero de los gastos vuelven en un 100% a todos los habitantes”, aseveró Causi.

La presidenta del interbloque de CSL-UCR, Eugenia Gallardo hizo hincapié en que actualmente la recaudación del fondo de autogestión presenta números “muy bajos” y precisó cómo están proyectado los nuevos valores con el nomenclador actualizado.

“Pasaríamos en una consulta médica de $1267 a $15.500, que se asimila al resto de las obras sociales. Un electrocardiograma hoy está en $1690 y pasaríamos a $9500, una internación de $18.217 a $79.000, una ecografía de $6708 a $15.500”, indicó

Según señaló, en septiembre la recaudación fue de $51.245.683 y la proyección con este sistema es de $1.395 millones.

Y agregó: “Es una ley que genera transparencia y eficiencia. Propone agilidad en la facturación y mejoras en la recaudación debido a que establece métodos de cobros claros. Nos va a proporcional una fuerza legal sólida para el cobro de las prestaciones. Al desaparecer la Superintendencia se ha vuelto un despropósito realizar el cobro judicial porque también los importes son muy bajos”.

Por su parte, Marisa Patafio (CSL-UCR) ahondó en las intenciones de la iniciativa: “Es mejorar el sueldo del personal de los hospitales públicos, no privados. También para mejorar las inversiones de salud y todas otras cuestiones vinculadas a medicamentos caros. Los fondos vuelven al sistema de salud. Lo único que tiende este proyecto es cobrarle al que ya le cobró al afiliado”.

Una de las voces críticas que se escucharon en el bloque de UxSL fue la de Walter Aguilar que afirmó que hoy las obras sociales están “quebradas”, que no podrán asumir los costos y que se “presentarán amparos”.

Otras intervenciones que hubo fueron de Carlos “Charly” Pereira y Claudia Díaz (CSL-UCR); María del Carmen Gostelli y Gloria Petrino (UxSL).

Finalmente, la votación culminó 24 expresiones a favor (de CSL-UCR y AxIS), contra 15 de UxSL.

Ahora el debate se trasladará a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.